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Proyecto de ley modificatoria a la Ley de protección de datos personales N 25.326. La posición del IICSalta

Fecha: 13/08/2013 00:00:00 | Categoria: Escudo Salta
Estamos persuadidos que en el proyecto de ley propuesto, los señores legisladores olvidaron a los Institutos de Informaciones Comerciales, asociaciones civiles sin fines de lucro que como su nombre lo indica no fueron creadas con el propósito de lucrar con su actividad.

 INSTITUTO DE INFORMACIONES COMERCIALES DE SALTA

COMISIÓN DIRECTIVA

 

REFERENCIA: Proyecto de ley modificatoria a la Ley de protección de datos personales Nº 25.326. Recuperación del crédito mediante la eliminación de datos crediticios adversos.

 

Pensando en las próximas reuniones que se llevarán a cabo con relación al tema de referencia, esta Comisión Directiva pretende compartir aspectos esenciales de nuestra actividad, que creemos necesario tener en cuenta para una mejor comprensión y diferenciación de la misión y objeto de nuestras asociaciones civiles en lo referido a la Ley de Hábeas Data, el crédito de consumo y las modificaciones que propone el proyecto de ley que nos ocupa.

 

Estamos persuadidos que en el proyecto de ley propuesto, los señores legisladores olvidaron a los Institutos de Informaciones Comerciales, asociaciones civiles sin fines de lucro que como su nombre lo indica no fueron creadas con el propósito de lucrar con su actividad.

 

El objeto de nuestras asociaciones, sin excepciones es: “la moralización en el uso del crédito”, que no es otra cosa que enseñar buenas costumbres.

 

El lema que rige nuestra actividad lo hemos plasmado en un mensaje claro y concreto: “Tu nombre importa.” Es lo primero que recibes al nacer y lo primero que te piden a la hora de acceder a un crédito. Cuida tu nombre, cumplí tus obligaciones y benefíciate siempre. Nos proponemos complementar la educación que recibe cada ciudadano resaltando la necesidad de cuidar el nombre que los identifica.

 

Complementariamente ponemos nuestro énfasis en la necesidad de priorizar en la vida diaria el cumplimiento de nuestras obligaciones, porque de ese modo se valoriza su nombre y esa conducta honorable se traduce en beneficios que ennoblecen a la persona y le brindan prestigio y reconocimiento en la sociedad en que vive, la que finalmente los distingue, los premia y los diferencia de quienes no transitan ese camino.

 

Impregnados con esa mística, creemos firmemente que de ese ideal educativo que nos llevó a crear nuestros institutos no debemos apartarnos y que el único mensaje que debemos mostrar a la sociedad en que vivimos, es el de inculcar a todos los ciudadanos que el cumplimiento de las obligaciones contraídas no es solo un deber legal, es también aceptar libremente la norma moral que a cada derecho corresponde un deber paralelo.

 

Es pos de esos ideales que nos dieron origen, trabajamos desde hace más de cincuenta años; conformado en la actualidad una vasta base de datos, donde resguardamos los antecedentes de las personas que accedieron al crédito de consumo y que contiene el historial de la conducta de pago de cada solicitante. Esa información es de vital importancia para tomar una determinación en el otorgamiento de esta modalidad de pago, permitiendo a nuestros asociados, conceder créditos con facilidades de pago a las personas que han honrado sus obligaciones. Este premio al cliente cumplidor se traduce en el otorgamiento de financiación a quién comprende las ventajas de honrar sus deudas, condición indispensable para el desarrollo de una actividad comercial fuerte y sana, que solo puede lograrse en una sociedad en la que comerciantes y ciudadanos comprendan los beneficios que importa el cumplimiento de la ley.

 

Inspirados en esos preceptos, vemos en primer lugar con preocupación que propiciar la nulidad de todos los registros de deudas incumplidas, es un camino que no deben propiciar las leyes que rigen una sociedad civilizada.  Esto es lisa y llanamente premiar a quienes se han apartado de sus deberes. (Artículo 3º del proyecto que propicia la modificación al artículo 47 de la Ley Nº 25.326. Protección de datos personales)

 

Nuestras bases de datos parten de un concepto de “Bases positivas” y no negativas. Nosotros informamos “quienes cumplen con sus obligaciones”, y con aquellos que no lo hacen buscamos la forma para que rápidamente busquen el camino para cumplir la obligación contraída y comprendan que apartarse de la misma solo les puede generar perjuicios y descrédito. Por tal motivo a quienes incurren en mora se las informa mediante una carta, notificada en forma fehaciente, que disponen  de diez (10) días hábiles de plazo para regularizar su deuda o proponer una modalidad de pago para su cancelación. La aceptación de la propuesta implica que no se guardarán antecedentes negativos en la base de datos.-

 

Buscamos transmitir en todas nuestras acciones un mandato unívoco y coherente “la moralización del crédito” Nuestro mayor anhelo es que nuestras asociaciones no tengan razón de ser. Soñamos con ese día, porque significaría que vivimos en una sociedad que no necesitaría pedir informes sobre personas para conceder créditos, porque todos sus ciudadanos tienen como norma honrar sus obligaciones. Sin embargo creemos como Antoine de Saint Exupéry, que los sueños son inalcanzables, pero tienen la virtud de mostrarnos un camino que nos lleve hacia la concreción de ese ideal. Por eso los comerciantes sabedores que nuestro mundo no es perfecto resolvimos crear los Institutos de Informes Comerciales.

 

El mensaje que promueve la modificación de la ley es justamente inverso a ese ideal: “Usted que no cumplió, será premiado, borraremos sus antecedes”. La pregunta es: ¿Cómo premiamos al cumplidor? ¿Qué beneficio tiene aquel que esforzándose cumplió con aquello que prometió?

 

Por errores y negligencia de algunas empresas que operan bajo el paradigma de las bases negativas, que están inspiradas en un fin de lucro desmedido que no respeta los derechos de protección de datos y que no tienen como objeto la moralización del crédito, nos van privar a todos los comerciantes de la posibilidad de hacer un necesario distingo entre quienes honraron sus obligaciones de aquellos que no lo hicieron. Es tan cierto el tema de los excesos de estas firmas que hoy podemos escuchar una propaganda en Radio 10 que expresa literalmente: “En Florencio Varela evite figurar en el VERAZ, pague sus impuestos en término” Esta es la mejor prueba de la diferencia de procederes entres nuestros institutos y estas firmas. Tenemos una concepción diametralmente diferente sobre el uso de las bases de datos. ¿Porque no buscar otras soluciones, que tutelen con armonía e inteligencia los distintos aspectos que conforman esta cuestión?

 

 

Es importante manifestar también que los Institutos de Informaciones comerciales no tenemos juicios por reclamos por afectaciones indebidas – lo que no es el caso de las otras empresas, que tiene cientos de juicios - por el contrario en muchos ámbitos, como es el caso de Salta, somos delegados de la Dirección Nacional de Protección de Datos personales -DNPDP- órgano de control creado en el ámbito nacional, para la efectiva defensa de los datos personales. En otras palabras los ciudadanos pueden reclamar la defensa de sus derechos tutelados en la Ley de Hábeas Data en nuestras asociaciones civiles. Otra cuestión de vital importancia para la tutela efectiva de los derechos es que nuestros Institutos tienen domicilios constituidos en cada provincia, brindando de esa forma la posibilidad de efectuar reclamos en una dirección cierta, mientras que el resto de las empresas opera en un solo lugar, a veces distante a miles de kilómetros, lo que imposibilita la defensa efectiva de sus derechos ante eventuales reclamos.

 

Otra propuesta de modificación está referida a la imposibilidad de denunciar datos por montos inferiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, vigente al momento de la constitución de la mora. Esta postura tampoco es propicia para el anhelo de vivir en una sociedad en la que imperen las buenas conductas. Quién elije de antemano no honrar sus deudas, sabedor de esta cláusula puede sacar créditos en distintos comercios o distintos lugares y al amparo de este artículo transitar por la vida como si fuera una persona honorable. ¿Acaso el monto califica la conducta de quién incumple una obligación?  Creemos que perfeccionando el artículo 49 (Notificación al deudor) se puede evitar que una persona pueda ser afectada en una base de datos indebidamente o sin la certificación fehaciente de su condición de deudor de un crédito.

 

En otro orden de cosas, las principales fuentes de los datos que administran los institutos provienen de créditos de consumo, acordados por pequeñas sumas, - todas inferiores a dos veces  el salario mínimo vital y móvil - que posibilitan comprar al que menos tiene y que permite movilizar infinidad de operaciones que fortalecen la economía. Debemos reconocer que muchos de los problemas expuestos en los fundamentos que consigna el proyecto de modificación de la ley que analizamos se deben a que este tipo de crédito no tiene una legislación propia y se rigen subsidiariamente por el código de comercio y otras normas como la ley de tarjetas de crédito y del sistema financiero. Es por ello que ante el vacío producido el Instituto de Informes Comerciales de Salta está preparando un proyecto de ley de crédito de consumo con la colaboración del Senador Nacional Dr. Juan Agustín Pérez Alsina para legislar esta modalidad de crédito y posibilite una simbiosis con la leyes de Defensa del consumidor (Nº 24.240) y de Protección de Datos personales. (Nº 25.326)

 

           Nuestro propósito es que el cumplimiento se haga una norma en todas las  obligaciones que una persona contraiga, por ello informamos a nuestros asociados quién cumple sus obligaciones. Sabemos que muchas veces eso no ocurre y se afecta a personas sin calificación alguna, mostrando solo un incumplimiento. Ahora bien, ¿qué función tiene la afectación? Tiene la función social de evitar una espiral de incumplimientos y conductas indebidas en forma reiterada, evitando que la persona se sumerja en deudas e intereses desmedidos de financiación que finalmente la llevarán a la imposibilidad de cumplir sus compromisos. Hay comercios y profesionales del derecho inescrupulosos, que han hecho del incumplimiento y la persecución en la cobranza un modo de vida y una forma de enriquecimiento.

 

           En cuanto a la actividad comercial no es correcto expresar que una afectación conduce a trabar las operatorias, por el contrario, impulsa la política crediticia, pero sustentada en un alto nivel de cumplimiento, lo que posibilita una cadena comercial virtuosa.

 

          En el proceso de afectación se emite en todos los casos notificación al deudor indicándole que su deuda no ha sido honrada y solo en caso de una falta de respuesta su inclusión en la base de datos se hace realidad. Se le hace saber en la notificación los perjuicios de la mora y los beneficios del cumplimiento mediante regularización, refinanciación, etc. Por ello se beneficia al deudor con un plazo de 10 días hábiles para su regularización, cuyo cumplimiento no genera registro negativo alguno.-

 

          No hacemos en esta instancia observaciones sobre los cada uno de las opiniones producidas por otros institutos, ya que en general, estamos de acuerdo con lo que se viene expresando, pero recomendamos mostrar el verdadero espíritu de nuestra actividad, un propósito superador que no puede ser menoscabado con meros intereses comerciales.

 

¿Puede la sociedad pensar que el no cumplimiento de sus obligaciones es aceptable? ¿Sería conveniente destruir a las instituciones que en los últimos 50 años vienen teniendo una fuerte misión educativa como son los institutos en el uso del crédito? ¿Qué es mas beneficioso: premiar a los que NO cumplen o premiar a los que si honran sus compromisos? Si estos conceptos son enarbolados con sabiduría servirán para darle el marco a la defensa de cada uno de los puntos conflictivos de la propuesta de modificación.-

 

 

 

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